Un peatón pasa frente a un mensaje de apoyo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, este lunes en Buenos Aires.Rodrigo Abd (AP)

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó a Cristina Kirchner el lunes por la tarde. La fiscalía había pedido acta antes de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua contra el vicepresidente por un caso de corrupción. Fernández creyó entonces conveniente poner fin a semanas de comunicaciones a través de terceros y le transmitió personalmente su solidaridad. Al mismo tiempo, respaldó una declaración oficial donde el Gobierno consideró a Kirchner víctima de una “persecución judicial y mediática”. Lo mismo hicieron ministros del Gabinete, así como gobernadores, alcaldes o sindicalistas con candentes mensajes desde las redes sociales. El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación contra la vicepresidenta, había obrado un milagro: unir al peronismo bajo una misma causa, en este caso la defensa de su principal referente político.

Este lunes fue el último de nueve días de alegaciones de la acusación en el llamado caso Vialidad. Luciani consideró a Cristina Kirchner cabeza de una asociación ilícita que perpetró durante sus dos mandatos como presidente, entre 2007 y 2015, “la mayor maniobra de corrupción jamás conocida en el país”. La investigación alcanza a otros 12 altos funcionarios del kirchnerismo acusados ​​de desviar dinero de obras públicas para enriquecerse. Entre los imputados se encuentran el exministro de Obras Públicas, Julio de Vido, y el secretario de cartera, José López, detenidos desde que fue descubierto en 2016 in fraganti cuando tiraba bolsas con nueve millones de dólares dentro de un convento. También está Lázaro Báez, un banquero devenido constructor que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se hizo cargo de la mayoría de los contratos viales en la provincia de Santa Cruz, cuna política de la pareja. El fiscal consideró probado que la fortuna de Báez, hoy preso por lavado de dinero, creció 12.000% entre 2004 y 2015, mientras cerraba contratos privados con los Kirchner.

“Los imputados, en estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario para beneficio personal, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlo con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control”, dijo Luciani. Los jueces escucharán ahora los argumentos de la defensa y al final del año darán un veredicto. Si dan por probado que Kirchner fue la artífice de la red de corrupción, podrán condenarla. La fiscal presentó como prueba una charla privada entre Báez y altos funcionarios de Obras Públicas, pero no ha encontrado la firma del expresidente en ningún documento. Esa es la base de la defensa de Kirchner y, también, del peronismo.

A una sola voz, los más altos funcionarios del gobierno salieron a apoyar al líder del movimiento. Según el relato oficial, la justicia ha conspirado con jueces y la oposición conservadora para excluir a Kirchner de las elecciones presidenciales de 2023. El canciller Santiago Cafiero comparó la situación del vicepresidente con la de otros líderes regionales que terminaron en prisión, como Luis Inácio Lula da Silva. El presidente, Alberto Fernández, coincidió en que no había pruebas para condenarla. Sergio Massa, parte de la coalición y actual ministro de Economía, dijo que la acusación del fiscal Luciani sienta un grave precedente porque «es absurdo sugerir que el titular de la Administración es responsable de cada uno de sus dependientes». Fue una salida elegante, después de que en el pasado hizo campaña por la presidencia prometiendo que encarcelaría a Kirchner.

La vicepresidenta pidió el lunes ampliar su testimonio, pero el tribunal se lo negó por motivos formales. El procedimiento establece que puede hacerlo al final de los alegatos de defensa, justo antes de la sentencia final. “Si algo faltaba para afirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme ejercer el derecho a la defensa”, se quejó entonces Kirchner. Y adelantó que este martes presentará las pruebas de su inocencia en una transmisión en redes sociales, fuera de los juzgados. «Habrá cosas impactantes», prometió su abogado, Juan Beraldi. “Quiere mostrar claramente la forma sesgada en que se analizó el teléfono de López”, dijo Beraldi en referencia a los mensajes de WhatsApp entre el secretario de Obras Públicas y Lázaro Báez que, según el fiscal, prueban que Kirchner estaba a cargo. de una asociación ilícita para despojar al Estado.

La tensión política también se trasladó a las calles, aunque en pequeña escala. Un centenar de personas se concentraron frente al departamento que Kirchner ocupa en el barrio de Recoleta, en el centro de Buenos Aires, y golpearon cacerolas y sartenes al grito de “chorra” (ladrón). Allí coincidieron con activistas de La Cámpora, el grupo juvenil kirchnerista que acudió al lugar para defender a su líder. La policía terminó dispersando a ese grupo de apoyo con gases lacrimógenos. Los que golpean las cacerolas son los «locos macristas», escribió Kirchner en Twitter.

Durante los nueve días de lectura de los alegatos de la acusación, el expresidente intentó sacar del juicio al fiscal Luciani y a uno de los tres jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Se basó en una foto difundida por la prensa que muestra a ambos como habituales participantes en los torneos de fútbol que organiza el expresidente Mauricio Macri en abrojos, tu casa de fin de semana. No lo consiguió y este lunes le tocó escuchar cómo Luciani pedía cárcel para ella y el resto de los imputados.

La causa de Vialidad es la que más complica al vicepresidente. No le teme a la cárcel, porque en diciembre ya habrá cumplido 70 años y, en el peor de los casos, será puesta bajo arresto domiciliario. También tiene privilegios como vicepresidenta que solo puede perder a través de un juicio político. El problema es otro. El kirchnerismo tiene muy pocas expectativas de victoria en las elecciones presidenciales del próximo año. La crisis económica y las peleas internas entre Fernández y Kirchner han dilapidado el capital electoral del gobernante Frente de Todos. Las chances de Kirchner se reducen a una candidatura al Senado que le permita mantener sus privilegios y pelear, pero si finalmente es inhabilitada de por vida, quedará fuera de carrera.

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