El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, durante la transigencia del Año Legislativo en el Tribunal Supremo el 6 de septiembre de 2021.Emilio Naranjo (EFE)

A poco más de una semana del acto de transigencia del año legal, que presidirá el Rey el próximo 7 de septiembre, la tensión preside las relaciones entre el Gobierno y el PP en torno al interrupción de las instituciones de equidad, aspecto que volverá a marcar la dietario política del curso que se inicia. El enfrentamiento radical entre populares y socialistas sobre cómo debe entenderse y garantizarse la independencia legal se ha traducido hasta ahora en la imposibilidad de renovar dos órganos secreto para el estado de derecho: el Consejo Normal del Poder Legislativo (CGPJ) —el gobierno de los jueces, que hace nombramientos, impone sanciones y prepara informes sobre proyectos de ley—y la Corte Constitucional. Los dos han expirado sus respectivos mandatos: en el primer caso, todo el Consejo está en funciones desde diciembre de 2018; en el segundo, un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional terminaron su mandato el pasado mes de junio y deben ser sustituidos, lo que provocará un desvío en la relación de fuerzas, dando ocasión a un tribunal con mayoría progresiva. Y ambas instituciones están, en este caso, conectadas, porque dos de los cuatro magistrados constitucionales que deben ser sustituidos deben ser nombrados por el Consejo. Un intrincado tablado que condiciona el funcionamiento de la equidad y enfrenta de modo cada vez más descarnada al Gobierno y al primer partido de la examen.

A este conflicto se suma la dificilísima situación en la que se encuentra la Corte Suprema, al borde del colapso en algunas de sus salas —principalmente la que analiza lo contencioso-administrativo— por la imposibilidad de sustituir a los jueces que fallecen, jubilan o causa de destitución: estas vacantes deben ser cubiertas por el CGPJ, pero este tiene vetado por ley la licencia de hacer nombramientos desde el año pasado, ya que el mandato ha expirado. Y esta situación alimenta asimismo el enfado entre Gobierno y examen: el PP acusa al Ejecutor de desbloquear los nombramientos solo en el Tribunal Constitucional para avalar el cambio de mayorías, olvidando el problema maduro en el que está sumido el Tribunal Supremo.

Por si faltaba poco, en este contexto de ruido político-judicial, la polémica desatada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía, dictada por tres votos contra dos y que supone despachar al exministro, ex El presidente andaluz y expresidente del PSOE José Antonio Griñán. El texto de la sentencia y el del voto individual de los dos magistrados disidentes se conocerán a principios de septiembre, y darán paso a la presentación de un incidente de inútil de actuaciones por parte de la defensa. De fracasar esta iniciativa, seguirá un medio de amparo delante el Tribunal Constitucional, en un proceso paralelo al pedido de indulto anunciado por la clan de Griñán. Y esta última medida entrará de atiborrado en el debate político, ya que será potestad monopolio de un presidente socialista conceder o no la medida de burla a un colega y exdirigente del partido.

El pulso en torno a la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional se produce en el contexto de una interminable disputa entre el PSOE y el PP sobre el valor de sus compromisos para homogeneizar la situación. Prueba de que tales compromisos existen es el documento firmado por el exsecretario común del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hecho manifiesto por EL PAÍS el pasado 16 de agosto. En dicho documento, ambas partes acuerdan impulsar de forma conjunta una reforma a la Ley del Poder Legislativo para permitir la alternativa de los cuatro magistrados de la Corte Constitucional. Pero ese acuerdo ha saltado por los aires, el PSOE ha viejo presentando solo la reforma procesal y el cabreo político ha hecho tan rara la situación que ha llevado a sucesivas dimisiones de magistrados del sector conservador del Tribunal Supremo para aceptar un puesto en el Tribunal Supremo. Constitucional.

De ahí que sea difícil que los nuevos integrantes del tribunal de garantías sean elegidos con amplio apoyo, aunque en el Consejo prevalece el criterio de que al final se podrán obtener los 12 votos (de un total de 19 posibles) necesarios para el designación de esos dos magistrados del Tribunal Constitucional. Paralelamente, el Gobierno deberá nombrar a otros dos. De esta forma, el tribunal tendrá una mayoría progresiva, hecho que explica en gran medida que haya tanta disputa sobre su renovación, según fuentes del propio Constitucional.

El tribunal de garantías, con su contemporáneo composición de mayoría conservadora, declaró inconstitucionales varios aspectos del paraguas procesal desplegado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia —empezando por el confinamiento de la población en el primer estado de miedo—, en uno de los importantes reveses judiciales sufridos por el Ejecutor. Y ahora tiene sentencias tan importantes como la referida a la ley del malogro, la ley de la eutanasia o la ley de educación, conocidas como ley de celaa. Asimismo deberá resolver cuestiones relevantes en materia parlamentaria, como las fórmulas alternativas de maldición utilizadas por diputados de varios grupos al inicio de la vigencia o la posible devolución del escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

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La Constitución establece que la renovación del tribunal de garantías debe hacerse cada cuatro abriles por tercios, de modo que en cada turno se reemplacen cuatro de sus doce miembros. Para evitar un conflicto institucional, el Gobierno ha venido aplazando el designación de los dos magistrados que le corresponde nombrar, a la paciencia de que el Consejo haga lo mismo. Pero la paciencia no será indefinida. Fuentes gubernamentales subrayan que, si en septiembre no hay indicios claros de que el entraña de gobierno de los jueces vaya a hacer su parte, el Gobierno hará la suya y nombrará a sus dos magistrados en la primera quincena de octubre.

De acuerdo con la reforma procesal finalmente impulsada por el Gobierno sin la billete del PP, el plazo para que el Consejo haga sus dos nombramientos finaliza el próximo 13 de septiembre. Antiguamente, el día 8, se convoca un pleno extraordinario del CGPJ para encarar al respecto, pero fuentes del organismo afirman que cerrar el acuerdo en esa vencimiento es poco probable, ya que las espadas siguen en detención entre los integrantes que quieren pactar los nombres sin más dilación y quienes manifestarán una vez más su rechazo a la derecho. reforma que facilita los nombramientos en el Tribunal Constitucional pero sigue bloqueándolos en el Tribunal Supremo. «Mi obligación es asistir al pleno y proponer nombres, pero si no hay acuerdo y no se puede designar entre los candidatos, no será yerro mía», dice, por ejemplo, un miembro del sector conservador. Y añade: “Si en el Parlamento no han podido ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo, ¿por qué lo vamos a conseguir en el Constitucional? ¿Por qué va a ser más quisquilla con unos que con otros?

En el CGPJ hay, en todo caso, una mayoría a valía de nombrar a los dos magistrados, sin contar con dificultades para pactar sus identidades. El acuerdo pasa por que sean miembros del Tribunal Supremo y que uno provenga del sector conservador y el otro del campo progresista. El segundo es más factible de encontrar, porque no faltan magistrados en ese sector dispuestos a aceptar el designación. En la franja conservadora, en cambio, hay maduro resistor, en parte porque los posibles designados son conscientes de que en su nuevo cargo formarían parte de la minoría, y prefieren conservar el peso específico que su posición tiene en un Sala Suprema.

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