La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el pasado viernes durante un acto en Madrid.

La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha desmarcado este lunes de su socio de Gobierno al exhalar una propuesta para durar a un acuerdo con los repartidores que limite el precio de los alimentos básicos. En un contexto de entrada inflación (10,4% en agosto) que ya está afectando el poder adquisitivo de las familias, el titular del Trabajo ha abogado en un entrevista concedida a eldiario.es para fijar un mayor para determinados productos, como el pan, los huevos o la cuajada. La iniciativa del líder de Unidas Podemos en el Ejecutor ha sorprendido al partido Ione Belarra, que ha recibido su planteamiento con desconfianza, y al PSOE, que siquiera se ha mostrado partidario de poner tope de precios. Aunque Podemos lo ve «sensato», cree que en «momentos de dificultad económica» el Gobierno no solo debe durar a acuerdos, sino «tomar decisiones», tal y como reaccionó en rueda de prensa el portavoz de la formación Pablo Fernández.

El vicepresidente segundo ha capaz de que los oligopolios «no están sólo en el sector bancario o energético». “Tenemos cinco grandes distribuidoras que concentran el 50%”, señaló antaño de considerarlo “un coeficiente de aventura” que ha llevado al acrecentamiento de precios. “Ellos compran naranjas a los productores a 15 céntimos, y los ciudadanos las pagamos a 1,48 euros. Las patatas se pagan a los productores de nuestro país en torno a 18 céntimos y se están vendiendo a 1,35. El ajo llega a los supermercados con un incremento de casi el 800%. Es una barbarie”, consideró en la entrevista. “Cierto aquí se está enriqueciendo en el camino y usando la pugna [en Ucrania]”, agregó.

“Esto está siendo un problema para muchos ciudadanos en nuestro país. No solo porque pierden poder adquisitivo, sino porque les cuesta prolongar una dieta saludable”, justificó horas luego en declaraciones a los medios. Díaz ha precisado a su presentación a la toma de posesión del nuevo Fiscal Universal del Estado, Álvaro García Ortiz, que mantendrá diferentes reuniones con las asociaciones de distribuidores y consumidores acompañado del profesión que preside Alberto Garzón con el objetivo de durar a un acuerdo entre ellos para » fijar una cesta de la operación básica, sin vulnerar el derecho a la competencia, de entre 20 y 30 productos». “Hemos fijado precios máximos para las mascarillas o en el postrer efectivo decreto para la bombona de butano. Creemos que es un paso más y que es muy importante”, defendió.

La formación de Belarra, que desconocía la propuesta concreta formulada por Díaz y ve improbable un acuerdo con las empresas, apoya la creación de un impuesto extraordinario a las grandes empresas de víveres y distribución que ya planteó hace unos meses. Esta colecta, explica el partido, permitiría entregar cheques a las familias para aceptar a los productos.

El PSOE siquiera se ha mostrado partidario de amurallar el precio de determinados alimentos. “Nuestro interés es reducir el precio costes y que los agricultores y ganaderos sean retribuidos adecuadamente”, ha afirmado Alegría, que ha recordado algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno, como una partida de 169 millones de euros para los ganaderos de cuajada y otra de 143 millones de cárnicos, sin olvidar la ley de la prisión alimentaria, que exigió el sector primario y votó en contra el PP, para que no se venda por debajo del coste de producción. El descuento en el combustible y la reducción del IVA en el gas deberían ayudar a acortar los costes de la pugna, de los que no escapan la energía, los fertilizantes y los piensos.

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Los socialistas incluso han declinado la propuesta, que Díaz no descartó en la entrevista, de pactar listas conjuntas en algunas circunscripciones o para el Senado. “El PSOE tiene muchos abriles y somos un partido mayoritario como lo hemos demostrado a lo grande de la historia, nuestros militantes y simpatizantes eligen a los candidatos en los diferentes procesos electorales y vamos a seguir con esa dinámica”, ha zanjado Alegría. Una vez más, la portavoz socialista no ha entrado en las palabras del vicepresidente segundo, quien cree que el PSOE «no está prudente para esta sinceridad».

Desbloqueo de la ley de vivienda

Nuevo rumbo, viejas exigencias. Podemos inicia el curso político con el objetivo prioritario de desbloquear en el Congreso la ley de vivienda, un plan del Empleo de Transportes, en manos del PSOE, pero que se ha convertido en una de las normas fundamentales del partido de Belarra en esta reunión, que ha negoció el texto en primera persona. Fuentes de Derechos Sociales, que encabeza el secretario común de Podemos, han presionado este lunes a su compañero de Gobierno al afirmar que la ley «puede aprobarse mañana» si los socialistas apoyan tres propuestas apoyadas por el coalición de investidura, como la regulación de los alquileres en áreas de mercado estresadas para todos los propietarios. El PSOE sostiene que se alcahuetería de una ley muy compleja: “Se han recibido más de 800 modificaciones a esta ley y es necesaria la búsqueda de consensos”, ha observado Pilar Alegría, portavoz de la dirección socialista y ministra de Educación.

Tal y como está concebida ahora, la medida solo afectará a los grandes tenedores, aquellos que posean más de 10 inmuebles. Tras el tira y afloja entre el PSOE y la UP durante la redacción de la ley, organizaciones civiles y parte del curvatura parlamentario —entre ellos ERC— han tildado de descafeinada la norma.

Con sus declaraciones, Podemos ha culpado a los socialistas de cortar la ley de vivienda en la Cámara desvaloración, luego de que fuera aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero y en marzo se abriera la grado de enmiendas en el Congreso. Entre las demandas de los socios está la prohibición de los desahucios en España de familias vulnerables sin que exista una vivienda alternativa y la inclusión de todas las viviendas de Sareb en el parque conocido de arrendamiento. “Estos tres rudimentos, de incluirse en el texto constitucional, sería cuestión de días que pudiéramos cerrarlo. Es mi obligación como representante pública y como responsable del Gobierno que los textos salgan delante para comunicárselo al PSOE. Si eso estuviera incluido, sería mucho más casquivana aprobar esta ley”, ha reiterado Belarra en declaraciones a TVE a primera hora de la mañana. “Son propuestas de sentido global y tienen un gran apoyo social”, justifica Derechos Sociales.

El PSOE concede gran importancia a amurallar al mayor el ruido en la coalición en oportunidad de suscitar diferencias con el socio minoritario del Ejecutor. Alegría ha evitado el encontronazo con Unidas Podemos en la ley de vivienda y otros puntos de fricción. “Lo más importante que tenemos que afirmar es que por primera vez vamos a tener una ley de vivienda. Es un objetivo fundamental y queremos durar al mayor consenso para aprobar una ley histórica que dé respuesta a uno de los principales problemas de este país, especialmente para los jóvenes”. Alegría ha apelado a la prudencia, evitando entrar en estado de negociación, aunque ha recordado que el Gobierno ha ratificado 160 leyes en la reunión fruto del diálogo y el consenso.

El portavoz de Podemos se ha mostrado ilusionado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el PSOE dé el gastado bueno a sus demandas, a pesar de que fueron ampliamente rechazadas durante la elaboración del texto. “Estamos en un contexto de longevo crisis económica, las familias atraviesan enormes dificultades y fue Pedro Sánchez quien manifestó su intención de virar a la izquierda. En este momento lo que no puede hacer el Gobierno es perder credibilidad”, justificó. Fernández ha instado al socio a aprobar la ley «inmediatamente» y ha desvinculado su negociación de la de los próximos Presupuestos. “Confiamos en que se hará antaño”, declaró.

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