El Área de Honradez no se resigna a detener la investigación de los papeles de Donald Trump obtenidos en el registro de su mansión mientras un entendido independiente los revisa. Este jueves ha comunicado a la corte que tomó la osadía de incomunicar el trabajo del FBI con los documentos secretos que apelará esa osadía. La jueza que dio la orden de detener la investigación fue designada en su día por Donald Trump cuando era presidente. Entre los que tienen que resolver el arbitrio, asimismo son mayoría los designados por el expresidente.

El anuncio del arbitrio no da detalles de los argumentos que presentará la Fiscalía en su arbitrio. La osadía del mediador de nombrar a un entendido distinto y congelar la investigación había sido poco polémica por impedir el progreso de una investigación federal por varios posibles delitos, incluida la obstrucción de la conciencia. Independientemente de si el caso se retrasa, el entendido designado tendrá un gran poder para eliminar o no del caso ciertos documentos incautados en la búsqueda del 8 de agosto en Mar-a-Albufera, incluidos 100 clasificados como secretos o confidenciales. Cada osadía del entendido puede dar área a su vez a capital que deben resolverse en los tribunales. La investigación puede ser sustancialmente complicada.

La jueza Aileen Cannon, jefa de un tribunal federal en el sur de Florida, decidió el lunes, en un pedido de 24 páginas, que “se designe un perito distinto para revisar los acervo incautados, dirigir las alegaciones de privilegio [ejecutivo o abogado-cliente] y hacer recomendaciones al respecto y evaluar los reclamos para la devolución de los acervo”. El mediador asimismo «prohibió temporalmente al Gobierno revisar y utilizar los materiales incautados con fines de investigación hasta que se complete la revisión del entendido distinto o se emita una nueva orden procesal». El Gobierno puede continuar revisando y utilizando los documentos con fines de clasificación de inteligencia y evaluaciones de seguridad franquista, pero no para la investigación como tal.

El Área de Honradez ha presentado otra moción frente a el tribunal señalando que esa ramificación no tiene sentido y pidiendo que la investigación pueda continuar al menos en lo relativo a los documentos reservados, porque de lo contrario, asegura, le causaría «un daño irreparable». Alega que el FBI es parte de los servicios de inteligencia y que la evaluación de posibles daños a la seguridad franquista y la investigación criminal están entrelazadas.

“Para evaluar el repercusión total del daño potencial a la seguridad franquista que resulta de la retención indebida de registros clasificados, el gobierno debe evaluar la probabilidad de que otros hayan accedido a la información clasificada almacenada de modo indebida y se haya gastado comprometida. Pero esa indagación es un aspecto central de la investigación criminal del FBI». señala el escrito.

Candidatos expertos

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El mediador pidió a las partes proponer una tira de posibles candidatos para el cargo de perito para este viernes. No solo es difícil el consenso, sino que será difícil para cada flanco encontrar a cierto con la calificación necesaria para alcanzar a documentos secretos y que esté dispuesto a realizar una tarea que va a estar sujeta a un gran investigación conocido y que implica revisar miles de documentos.

Los abogados de Trump habían solicitado esa revisión, entre otras cosas, en caso de que hubiera documentos que pudieran comprometer el privilegio de la relación abogado-cliente, es aseverar, el secreto profesional en relación con la relación entre dichas partes. El Área de Honradez respondió que había creado un equipo de filtrado separado del equipo de investigación para identificar esos documentos potenciales y que ya había separado 520 páginas de documentos potencialmente afectados por ese privilegio, alegando así que no era necesaria una revisión adicional.

Trump asimismo alegó el llamado privilegio ejecutante, por el cual el gobierno generalmente se niega a proporcionar información sobre las deliberaciones internas a otra rama, como la legislativa o la procesal. En este caso, sin incautación, Trump ya no forma parte del poder ejecutante, ni la solicitud de los papeles provino de otro poder, sino de los propios Archivos Nacionales, que son parte de la Delegación.

La investigación entra así en un cauce procesal complicado, con un conjunto de decisiones y capital que pueden dilatarla. Encima, en el zaguero caso, si el asunto llegara al Supremo, encontraría allí una mayoría de seis magistrados conservadores (tres de ellos designados por Trump) frente a tres progresistas.

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