Nueva faena táctica en la partida de ajedrez en la que se ha convertido la renovación del Consejo Común del Poder Legislativo (CGPJ), que el PP tiene bloqueado desde hace casi cuatro abriles. El principal partido de la concurso, a través de su vicesecretario de Instituciones, Esteban González Pons, ha remitido una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la que pide al Gobierno que se siente a negociar la renovación y reforma del Consejo Común del Poder Legislativo y Corte Constitucional. El PP da por sentado así que se pueden retomar las negociaciones. El PP ha hecho pública la carta, y Bolaños asimismo ha respondido rápidamente a través de los medios: “Seamos serios. La carta es un intento de aparecer frente a la exposición que quieren renovar. Si verdaderamente quieres renovar, puedes llamarme por teléfono y en una tarde renovamos. Envían un documento de 11 páginas saciado de excusas, líneas rojas y condiciones. Le respondo al señor Feijóo con tres palabras: cumplir con la ley. O estás con el estado de derecho o no estás dispuesto a cumplir con la ley”.

En la última reunión entre Bolaños y González Pons, el representante del PP exigió al Gobierno que retire la reforma que da poder al CGPJ en funciones para renovar el Tribunal Constitucional para poder continuar. El Ejecutante se negó, porque ya estaba todo tramitado, y ahí se rompió la negociación. Ahora el PP ofrece retomarlo y, aunque mantiene las condiciones habituales, indica que podría hurtar a lugar una negociación en monolito que permitiera avanzar. Sin bloqueo, mientras llega esta carta, una parte del sector conservador del víscera de gobierno de los jueces, el más cercano al PP, intenta cerrar la renovación del Tribunal Constitucional. La organización popular parece clara: cerrar esta renovación para intentar someter al Gobierno a negociar. Pero el Ejecutante confía en que una parte de la mayoría conservadora del CGPJ, en peculiar Carlos Lesmes, su presidente, y al menos otros dos magistrados, presionen para poder renovar el Tribunal Constitucional como exige la ley.

El PP quiere una negociación en monolito y denuncia que tras la renovación que está en marcha en el Tribunal Constitucional tendría una «mayoría abusiva» a valenza de los progresistas. En existencia, si todo sale como siempre se ha hecho, la mayoría pasaría del flagrante 6-5 a valenza de los conservadores a un 7-4 a valenza de los progresistas. Lo habitual es una mayoría de 7-5 a valenza de uno u otro sector dependiendo de quién dictaminó cuando llegó la renovación, porque son los dos magistrados elegidos por el Gobierno los que deciden la mayoría en el tribunal de garantías por 9 abriles. Así ha sido durante toda la democracia.

En este caso hay un magistrado conservador, Alfredo Montoya, que tuvo que jubilarse por enfermedad y eso desequilibra el reparto habitual. El Ejecutante no tiene problema en renovar a ese magistrado en el Senado para que sea conservador y se quede 7-5, como siempre, pero es el corte del PP el que ha impedido esa normalidad con la que ha trabajado sin problemas en los últimos 40 abriles . Los populares argumentan que si se consolida esa mayoría de 7-5, el espectro político conservador no se “reconocerá” en la Corte Constitucional, y eso es malo para todos. Todo ello discutido y consensuado con la inicial dirección del PP cuando en 2021 se renovó otra parte del Constitucional. De hecho, el Gobierno y el PP ―con la dirección de Pablo Casado― llegaron a establecer por escrito cambiar la ley para renovar la Ley Constitucional que ahora critican Feijóo y Pons. Moncloa creía que con la aparición de Feijóo se desbloquearía todo, incluida la renovación del CGPJ, pero lo cierto es que cinco meses a posteriori de su sufragio la tensión entre los dos grandes partidos en este tema es más cachas que nunca.

El PP palabra de mayoría abusiva y exige que el Gobierno cuente con él para designar a los dos que le corresponden, y palabra de aumentar la despolitización de la imparcialidad, pero en la última renovación de este tipo, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy Eligió, sin contar con el PSOE, a dos personas tan cercanas al PP como Enrique López ―que fue su secretario de Razón hasta la aparición de Alberto Núñez Feijóo― y Francisco José Hernando, el polémico presidente del CGPJ en ese momento. López renunció luego de ser arrestado por conducir ebrio.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nulo, suscríbete.

suscribir

En la carta, que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha repartido a los medios, los populares respaldan sus exigencias y exigen que en la negociación se priorice la búsqueda de perfiles que garanticen la despolitización del organismo. Simultáneamente a la renovación, proponen impulsar un plan de ley por la vía urgente para restaurar la Razón. El PP da este paso a posteriori de que el presidente del Poder Legislativo, Carlos Lesmes, amenazara con dimitir si no se renueva o se devuelven sus competencias a este víscera, cuyo mandato ha expirado hace casi cuatro abriles.

El escrito pretende replicar a «la preocupación» mostrada por Lesmes, «y ayer por la Comisión Europea», respecto a la situación en la que se encuentra la imparcialidad española, a la que califica de «corte». Pons, que admite sus conversaciones con Bolaños para renovar el Poder Legislativo, escribe que el flagrante sistema electoral es «anacrónico» y que es necesario cambiarlo. “Saben de primera mano que desde el inicio de nuestras conversaciones advertimos que para nosotros no era una simple cuestión de nombres y mucho menos de cuotas, sino que debíamos aspirar a emprender una reforma más profunda encaminada a aumentar la despolitización de la imparcialidad”, se lee. la carta, publicada en las redes sociales del PP.

Los populares envían esta carta en la misma semana que Lesmes, durante la tolerancia del año legal en el Tribunal Supremo el pasado miércoles, convocó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la concurso, Alberto Núñez Feijóo, para reunirse» urgente” renovar el víscera de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018.

Los populares incluyen en la carta un catálogo de condiciones, la primera de las cuales es que la negociación se lleve a lugar en el Congreso y la cuarta, que a su vez incluye 11 condiciones, reza para que la renovación del CGPJ se haga al mismo tiempo que la reforma de la ley para cambiar el sistema electoral. “Simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará, de forma conjunta, un plan de ley de tantos grupos parlamentarios que apoyen este espíritu de despolitización de la imparcialidad española, para ser tramitado con emergencia”.

A su sensatez, el flagrante sistema «no garantiza la despolitización de la imparcialidad» y no se ahorra las críticas al gobierno. Lo hace cuando dice que, tras presentar al PP una «propuesta para aumentar la independencia legal» comprobó que, «desgraciadamente, los planes del Gobierno eran otros»; o cuando afirma que «obtener un Tribunal Constitucional para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos» y que la mayoría que propone para este stop tribunal el Ejecutante de Pedro Sánchez «nunca» fue «tan abusiva como la que se propone». en estos momentos”.

En su respuesta a la carta del PP, donde repite los argumentos de la propuesta inicial, Félix Bolaños ha cuestionado tanto los métodos utilizados por la concurso en este posterior movimiento como la sensación de impostura que transmite la formación Feijóo. “Seamos serios, la carta del PP es un intento de aparecer frente a la exposición que quieren renovar. Si verdaderamente quieres renovar, puedes llamarme por teléfono y en una tarde renovaremos el Consejo Común del Poder Legislativo. Me han enviado un documento con 11 páginas llenas de excusas, líneas rojas y condiciones ya esas 11 páginas le respondo al señor Feijóo con tres palabras: Cumplir con la ley. O está con el estado de derecho o es insumiso a la ley y al cumplimiento de la Constitución”.

Bolaños, por otra parte, ha cuestionado las condiciones, al tiempo que ha preciso al PP que respete los plazos establecidos por la ley, lo que no ha sucedido con el Poder Legislativo, que va camino de cumplir cuatro abriles sin ser renovado. “Tenemos que dar tiempo a los miembros del CGPJ para que hagan su trabajo y cumplan con la ley, y ahí lo único que muestra el Gobierno es su mayor respeto por el funcionamiento del CGPJ y sus miembros. Tienen un plazo justo que marca la ley, están trabajando y desde el Gobierno lo único que queremos es que hagan su trabajo con calma, sin presiones, y que por supuesto cumplan con la ley y terminen nombrando a dos magistrados Constitucionales”

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí