Cabify reclamará una indemnización millonaria al Estado si el Tarea de Transportes no concede una prórroga de sus licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), plazo para que las comunidades autónomas regulen si estos vehículos están autorizados para trayectos urbanos.

La empresa, propietaria de miles de licencias VTC y de la plataforma que permite el uso de la app del mismo nombre, se podio para esta afirmación en un mensaje fabricado por un colección de expertos de la Universidad de Barcelona que concluye que «la excepcionalidad de la medidas adoptadas por el primer estado de emergencia en marzo de 2020 justifica la ampliación extraño del plazo de la autorización temporal.

El estudio indica que la inacción del Tarea de Transporte acarrearía «la causa de un daño antijurídico, individualizado y susceptible de valoración económica, concurriendo una relación directa entre el no examen de la compensación complementaria y la constante imposibilidad de recuperar la inversión en el licencias de VTC”, lo que muy probablemente dará punto a reclamaciones patrimoniales y la consiguiente compensación a cargo de las arcas públicas.

Sin requisa, ni el mensaje ni los responsables de Cabify han precisado la cantidad a la que ascenderían estas reclamaciones, oportuno a la diferente casuística de cada osadía, y la ciudad donde opera la VTC. Cuando en 2018 se aprobó el decreto que concedía una prórroga de cuatro abriles a los VTC para seguir circulando en entornos urbanos, las asociaciones de la industria apuntaban a indemnizaciones de entre 2.000 y 3.000 millones de euros en el caso de que las comunidades autónomas decidieran suspender esta actividad. Sin requisa, esa valoración no se refirió expresamente a la pandemia, que se produjo a posteriori.

Responsabilidad patrimonial del Estado

El estudio de los catedráticos de la Universidad de Barcelona se limita a señalar que el «más que cierto tablas de reclamaciones patrimoniales supondría una cuantía considerable», aunque explica que se puede evitar si el Gobierno concede «una prórroga prudente de la autorización temporal» que cuantifique en un intrascendente de dos abriles. El llamado decreto Ábalos deja claro que, aunque el Gobierno cede la responsabilidad legislatura a las Comunidades Autónomas, la indemnización en caso de que los titulares de las licencias ganen los pleitos corresponde al Estado central, según los autores.

La ministra de Transportes, Movilidad y Dietario Urbana, Raquel Sánchez, aseguró este lunes que el Gobierno no iba a ampliar ese cuatrienio, al considerar que las comunidades autónomas ya han tenido tiempo de codificar en esos cuatro abriles.

Los autores del mensaje explican en su examen que “la pandemia provocada por el coronavirus generó una situación extraño de emergencia de lozanía pública mundial que ha afectado a la recuperación de las inversiones de las autorizaciones de VTC cubo el impacto imagen en los flujos operativos de dicha actividad”, y cuantifica que la ampliación del plazo del régimen transitorio por impacto de la pandemia en dos abriles.

En este sentido, los investigadores consideran que incluso sin pandemia, el período auténtico de cuatro abriles estimado por el Tarea de Transportes habría sido insuficiente, ya que estiman que la recuperación total de las inversiones en licencias VTC que debería permitir el período transitorio habría requerido 16 abriles, que la pandemia habría extendido a 18 abriles.

“En el contexto de inseguridad jurídica coetáneo, no se dan las condiciones para desarrollar un entorno normativo en cada comunidad autónoma, con el consiguiente perjuicio que ello provoca. Este período transitorio del Gobierno permitiría todavía a las regiones que conforman el país trabajar con decano certeza y garantías. Si no toman esta audacia por el adecuadamente caudillo, al menos que el Tarea que dirige Raquel Sánchez asuma su responsabilidad con el plazo de compensación que ha impedido el covid”, ha explicado Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Cabify.

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