Cartel de Cabify en Gavà (Barcelona) que dice: «R. Sánchez, tu Cabify te está esperando en Madrid».

La ministra de Transportes, Movilidad y Dietario Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha amenazado con demandar a Cabify por las campañas publicitarias que la compañía ha audaz esta semana para despellejar la audacia del tarea de no prorrogar las licencias de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que vencen el próximo 1 de octubre. “Cubo el contenido y las referencias tanto directas al tarea como personales al titular de este sección en la campaña publicitaria lanzazo por la empresa Cabify, Mitma está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que considere oportunas”. dijo este jueves en un comunicado del sección de Raquel Sánchez.

El tarea se refiere a dos campañas publicitarias lanzadas por Cabify para despellejar las contradicciones de Transportes y su inhibición en la regulación del sector VTC que ha dejado en manos de las comunidades autónomas. En una de esas campañas se puede percibir: ¨Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437* viajes en Cabify”. La compañía ha aclarado que con esta número se refería a los trayectos que tiene contratados con su plataforma “desde/alrededor de el Servicio de Transportes en 2022″, cuya sede está en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Sin confiscación, la campaña que más ha perjudicado a la ministra es la que está llevando a mango Cabify en Gavà (Barcelona), el pueblo originario de Raquel Sánchez y del que fue alcaldesa antaño de encargarse el cargo en el Gobierno central. “R. Sánchez, tu Cabify te está esperando en Madrid. Aunque no quieras que tus vecinos de Gavà viajen en VTC, no te preocupes: puedes seguir viajando a otras ciudades”, indica la cartelería en castellano y catalán distribuida en el municipio.

Tanto Cabify como, en normal, todas las empresas del sector han sido muy críticas con la postura de Transportes de no aprobar estatuto franquista para el sector. El aludido ministro, José Luis Ábalos, en el decreto de 2018 que popularmente se conoce por su patronímico, establecía un periodo transitorio de cuatro abriles para que las autonomías regularan la actividad de las VTC en trayectos urbanos antaño del 1 de octubre de 2022 de forma que, si no lo hicieron, estos vehículos sólo podían realizar trayectos interurbanos, condenándolos en la praxis a la desaparición, ya que su actividad principal son los desplazamientos urbanos. Pese a la inminencia del plazo, solo Madrid y Cataluña han ratificado una reglamento clara al respecto. En el resto de comunidades vivirán en un halo constitucional a partir de octubre.

Resolución de posibles

El tarea defiende que sean las comunidades autónomas y las entidades locales las que regulen exclusivamente los servicios urbanos, porque son las que mejor conocen las deyección específicas de transporte de cada comarca, un reparto de competencias concorde con la Constitución. Asimismo, insisten en que las autonomías o los Ayuntamientos han tenido tiempo suficiente (cuatro abriles) para evaluar y aprobar finalmente la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios, incluyendo posibles prórrogas del plazo auténtico de cuatro abriles establecido en septiembre 2018, porque con el nuevo situación de competencias establecido por la Decreto ÁbalosTransportes ya carece de competencia en esta materia.

Sin confiscación, el tarea admite que el decreto contemplaba la posibilidad singular de que los titulares de VTC soliciten, hasta tres meses posteriormente de su aprobación, una prórroga de los cuatro abriles, si estimaban que el plazo auténtico no era suficiente para recuperar su inversión. . En consecuencia, se presentaron 16.000 reclamaciones.

De ese total, el tarea solo ha resuelto 4.000, entendiendo que el resto estaban bajo el paraguas normativo de las comunidades autónomas, especialmente de Madrid, donde hay un veterano número de licencias. Y en una resolución publicada en el boletín oficial del estado El pasado martes 20 se concedió la prórroga solo a 95 licencias que habían demostrado que necesitaban más de la moratoria auténtico de cuatro abriles para recuperar su inversión. El resto, 3.906, han sido despedidos, la mayoría por no cumplir las condiciones, especialmente por activo adquirido el coche o la autorización con posterioridad al 30 de septiembre de 2014, cuatro abriles antaño de la entrada en vigor del decreto ley que aprobó la papa caliente. de las VTC a las comunidades autónomas.

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