Tan pronto como un día posteriormente de unos presupuestos con una inversión récord en infraestructuras, la Confederación Doméstico de la Construcción (CNC) ha residuos un balde de agua fría sobre la ingenuidad del sector. La patronal de la construcción estima que al menos 1.455 obras públicas han sido abandonadas entre enero y septiembre de este año. El motivo, alega la estructura, es la desidia de amoldamiento de muchos pliegos a los costes desorbitados a los que se enfrentan las constructoras y las limitaciones del sistema de revisión de precios cobrador por el Gobierno. En conjunto, las licitaciones en las que no ha participado ninguna empresa suponen 652,8 millones de euros. Para el conjunto del año, la CNC estima que puede apurar representando en torno al 10% del total presupuestado para obra pública (las cuentas del año pasado incluían unos 11.000 millones en partidas de infraestructuras), lo que compromete la ejecución de los fondos de recuperación europeos.

“El sector se preocupa cuando ve obras que están desiertas”, resumía Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, al presentar este viernes en Madrid los resultados de su estudio. Los datos se han obtenido a través de las distintas organizaciones territoriales que se integran en la patronal y afectan al trabajo en todos los niveles de la Suministro, desde las organizaciones centrales hasta las entidades locales. Pero la media que resulta de dividir el comba crematístico total entre el número de obras, que arroja un resultado inferior a los 450.000 euros por arreglo, hace suponer al dirigente patronal que «sobre todo las pequeñas y medianas empresas son las que más están sufriendo». ”.

Por comba de inversión previsto, 1.192 de las licitaciones desiertas tenían un presupuesto inferior al medio millón de euros. Otras 142 obras superaron ese presupuesto sin conseguir al millón y, finalmente, 121 obras superaron el millón. Territorialmente se reparten entre todas las comunidades, a excepción de Cantabria, donde no aparece ningún trabajo sin competencia. Castilla-La Mancha, con 211 obras por valía de 95,3 millones, es la que muestra un anciano impacto. Le siguen, por comba crematístico, Cataluña y Andalucía. Los que menos son La Rioja (seis obras y 3,1 millones) y Navara (11 obras y escasamente 1,5 millones).

El sector de la construcción enfrenta dificultades de costos desde el repunte crematístico que siguió a los meses de anciano parálisis de la actividad por la pandemia. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales y la escasez de materias primas dispararon los precios de algunos materiales y dificultaron la planificación de las obras. Luego, la enfrentamiento en Ucrania complicó aún más la situación. En conjunto (considerando el incremento de materiales y otros factores como el coste de la electricidad o la mano de obra), la CNC calcula que las obras se han encarecido de media un 33%.

Delante la volatilidad de los precios, el Gobierno ha arrojado tres decretos que permiten renovar los precios de la construcción para que las empresas que los han arrojado no se vean obligadas a trabajar a pérdida. El mecanismo en su día contó con la aquiescencia de la patronal —“pensábamos que iba a funcionar sobre ruedas”, reconoció este viernes Fernández Alén—, pero llevan meses denunciando que es insuficiente. Por un costado, porque tiene restricciones de tiempo y por otro costado, porque solo se aplica a determinados materiales. “Aproximadamente del 95% de las obras no pueden beneficiarse de la revisión”, dijo el presidente de la CNC, “lo que está claro es que el precio no se ajusta al mercado”.

El problema es doble. Por un costado, la patronal reclama que se habilite un mecanismo de revisión más amplio y critica que la Suministro Normal del Estado amenazó a algunas comunidades autónomas que articulaban sus propios sistemas con llevarlas delante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Por otro, muchas llamadas se hacen sobre precios desactualizados. Como ejemplo, la patronal ha puesto el caso de una obra en Asturias que tras acordar desierta en un primer concurso por 37 millones acabó adjudicándose por 65 millones al renovar los pliegos y sacar de nuevo el concurso.

Fernández Alén destacó que «el Empleo de Transporte [el antiguo Fomento] es consciente” del problema y de que hay “buen diálogo”, pero que esta situación no se aplica “al Gobierno en su conjunto”. La estructura insiste en uno de los temas centrales de la tiempo: los fondos europeos de recuperación. España debería aceptar 70.000 millones en ayudas (y la misma cantidad en préstamos) que se liberan poco a poco y dependen en gran medida de actuaciones que pasan por el sector de la construcción. “Nos preocupa que todo se tenga que ejecutar en junio de 2026”, ha asegurado el líder empresarial, que todavía ha valorado el impulso a la inversión en las cuentas públicas de 2023. “No sé si se podrán cumplir”, aseguró cuando recordando que las partidas para la rehabilitación de edificios, según sus cálculos, podrían crear casi 190.000 nuevos puestos de trabajo. “Eso sería una situación ideal en la que se puedan ejecutar los fondos europeos y no queden desiertas las licitaciones”, añadió.

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