El Parcialidad de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) trabaja arduamente para tratar de frenar la conmoción que desató en los mercados el anuncio del retazo de impuestos del gobierno de Liz Truss. El pasado 28 de septiembre, la institución presidida por el australiano Andrew Bailey anunció que frenaba sus intenciones de deshacerse de la deuda pública (tiene más de 900.000 millones de euros en bonos del Caudal britano), y que se lanzaba a comprar más bonos, a un ritmo de casi 6.000 millones de euros diarios, alcanzando un total de 75.000 millones de euros. La intervención iba a terminar el próximo viernes, pero la estabilidad conseguida en un principio volvió a quebrarse a principios de esta semana. El lunes, el BoE anunció que aumentaría el ritmo de compras de 6.000 a 12.000 millones de euros al día. Este martes, en un tercer movimiento para frenar el pánico, ha prometido ajar otros 6.000 millones cada día en comprar bonos ligados a la inflación, los más activos en momentos como el coetáneo, cuando el IPC se ha disparado.

«Estas medidas adicionales actuarán como un freno adicional, para restaurar las condiciones ordenadas del mercado, al absorber temporalmente la traspaso de bonos indexados que exceden la capacidad de intermediación de los mercados», dijo el BoE en un comunicado plagado de su habitual argot esotérica, que básicamente reconoció que los fondos de pensiones eran incapaces de deshacerse de los bonos que tenían que traicionar desesperadamente para obtener solvencia.

El problema de los fondos de pensiones

A diferencia de otros países, como España, que cuentan con un espléndido sistema manifiesto de pensiones, la mayoría de los británicos llevan décadas contratando planes privados de pensiones, para comprobar un futuro tranquilo. Los fondos ofrecidos por los llamados Planes de pensiones de prestación definida, que aseguran una retribución fija anual en hilera con el salario medio de los últimos abriles, gestionan un patrimonio por valía de 2.300 millones de euros, casi el doble del PIB de España. Más de la parte de estos activos son bonos de deuda pública, cuya fiabilidad en términos de rendimiento asegura el suscripción de las próximas décadas.

En tiempos de crisis, los ciudadanos empiezan a asimilar a la fuerza los complicados nombres de productos financieros a los que, en su día a día, no tenían por qué prestar atención. En este caso, han sido Inversión impulsada por pasivos (LDI), o Inversiones basadas en Cumplimiento de Obligaciones. Es una técnica utilizada por muchos fondos de pensiones para equilibrar la diferencia entre sus activos y sus pasivos (el cumplimiento de las obligaciones con los clientes). A través de gestoras de fondos, y con préstamos de bancos de inversión (el peculio era muy ganga hasta ahora), compran derivados sobre tipos de interés.

El problema surgió cuando el Gobierno de Truss anunció planes fiscales, entre rebajas de impuestos y ayudas directas a hogares y empresas, para hacer frente a las facturas de gas y electricidad, que supusieron un incremento de casi 200.000 millones de euros de deuda pública. La libra se desplomó y los bonos a holgado plazo vieron cómo se disparaban sus rendimientos y caía su precio. comenzó a producir sale fuego, una traspaso acelerada que, en el caso de los fondos de pensiones, se convirtió en un círculo vicioso. Los bancos de inversión que financian los ILD exigieron más garantías (llamamiento de beneficio) y los fondos, obligados a obtener solvencia rápidamente, vendieron rápidamente los bonos que tenían, lo que a su vez provocó un decano colapso de los precios.

carrera desesperada

En una carta enviada la semana pasada al Comité de Riqueza de la Cámara de los Comunes, el vicegobernador del BoE, Jon Cunliffe, quien encabeza el Comité de Estabilidad Financiera de la institución, admitió que, de no acaecer intervenido la autoridad monetaria, los fondos que manejan peculio en nombre de los jubilados de todo el país “se verían han incompatible sus activos en valía neto imagen”, lo que habría provocado “la privación de que muchos de ellos hubieran tenido que cerrar a la mañana ulterior”. Porque primero habría sido una carrera desesperada para sufragar sus bonos, pero lo ulterior habría sido traicionar todas las acciones que tienen en las diversas industrias británicas. Y ese habría sido el colapso temido por el Parcialidad de Inglaterra.

A pesar de que el ministro de Riqueza, Kwasi Kwarteng, en un intento de convencer a los mercados de la seriedad del Gobierno con las cuentas, anunció este lunes su compromiso de aventajar al 31 de octubre la presentación de su plan fiscal (hasta ahora aún prometía hacerlo el 23 de noviembre), los inversores siguen siendo muy escépticos sobre la sostenibilidad de la deuda anunciada. El Instituto de Estudios Fiscales, en su postrer noticia, presentado este lunes, indica que el Gobierno deberá realizar recortaduras en el pago manifiesto por valía de casi 70.000 millones de euros si pretende controlar la proporción de la deuda pública respecto del PIB en niveles razonables . Con las nefastas perspectivas electorales actuales de los conservadores, la idea de más recortaduras supondría una insurrección entre sus diputados.

Las principales firmas de pensiones ya han pedido al BoE que amplíe el plazo previsto para la negocio de bonos más allá del próximo viernes, al menos hasta la presentación del plan fiscal de Kwarteng. “Tiene todo el sentido del mundo que el tira no clausura por completo sus planes de apoyo hasta que se calmen las preocupaciones fiscales de los mercados. No nos sorprendería si extiende su compromiso de comprar bonos más allá del 14 de octubre”, dijo Paul Dales, economista patriarca para Reino Unido de la consultora Caudal Economics.

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