El consiliario de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en presencia de el colegio Turó del Drac de Canet de Mar, el pasado mes de diciembre.MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)

Los colegios catalanes obligados a introducir un 25% de españoles —27 centros— vuelven a aplicar la sentencia. El Unidad de Educación de la Generalitat les había metódico ayer del inicio del curso que hicieran caso omiso de la atrevimiento legislativo -algo que solo cumplieron ocho de ellos-, ya que había una nueva legislatura que así lo permitía. Pero a posteriori de que los diferentes interlocutores del Tribunal Superior de Neutralidad de Cataluña (TSJC), negaran a la Generalitat el rebelión de la medida, Educación ha tenido que rectificar y ha enviado otro comunicado a los colegios afectados asegurando que deben seguir aplicando el 25% de Gachupin.

“El TSJC comunica que no procede revocar las medidas cautelares comunicadas, en contra de lo que había solicitado el Unidad de Educación”, se limita a explicar el escrito al que ha tenido golpe este diario, en el que asimismo se adjunta la orden concreta que afecta a el centro El sección asegura que se limita a remitir las órdenes judiciales a los colegios y precisa que hasta el momento ha recibido 14, lo que afecta a 13 centros.

A principios de septiembre, el presidente Pere Aragonès y el consiliario de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, aseguraron que “ningún centro aplicaría el 25% de gachupin” a este curso. Hasta el momento, hay 27 colegios e institutos (los centros en los que se encuentran los 48 alumnos cuyas familias solicitaron el 25%) están afectados por una sentencia legislativo -ya sea firme o mediante el dictado de medidas cautelares- que obliga a implementar este porcentaje de clases en Gachupin, que se traduce en una materia adicional a la propia materia de Franja Española. Educación envió entonces una orden a los colegios para que dejaran de impartirla, pero la mayoría, una veintena de centros educativos, prefirió sustentar las medidas judiciales porque consideró que la orden de la Generalitat no les ofrecía seguridad jurídica y prefirió esperar al sentenciador. El mismo confirmó que podrían dejar de aplicarlo, según varias direcciones admitidas a este revista.

Paralelamente, Educación asimismo notificó al TSJC que iba a dejar de aplicar el 25%, apoyándose en las dos nuevas normas de emergencia aprobadas: un decreto ley (30 de mayo) y una ley parlamentaria (8 de junio), que regulan el uso de las lenguas co -funcionarios en la escuela y rechazando expresamente el establecimiento de porcentajes. La nueva legislatura reconoce el «uso curricular» del gachupin, pero no su condición «vehicular». El TSJC envió ambas leyes al Tribunal Constitucional porque ve en ellas indicios de inconstitucionalidad. El Stop Tribunal aún no se ha pronunciado.

El audiencia catalán, por su parte, se ha pronunciado sobre la petición de Educación de dejar de aplicar el 25%. En las últimas semanas ha habido un chorreo de interlocutorias rechazándola y argumentando que el cambio normativo impulsado por la Generalitat no es incompatible con el derecho de los alumnos a admitir instrucción en gachupin «con cierta intensidad de uso».

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