Ya a última hora de la mañana y al término de un debate cargado de tensión, el Congreso aprobó este viernes el primer procedimiento para suprimir el delito de sedición y sustituirlo por uno nuevo de desorden notorio. Pasada la medianoche, los diputados fueron llamados uno a uno a expresar su voto, la fórmula solicitada por el PP con el vano intento de provocar una grieta en las filas socialistas. El triunfo de la iniciativa se dio por hecho con el apoyo de las formaciones de gobierno y sus aliados de izquierda y nacionalistas, que le dieron un respaldo más que suficiente: 187 votos a merced, 155 en contra y seis abstenciones, entre estos últimos los de Juntos por Cataluña . El denso concurrencia no solo se apoderó del debate, sino que se trasladó hasta el momento de la votación por las interrupciones entre los diputados y las advertencias de la presidencia porque algunos parlamentarios estaban tomando fotografías con sus teléfonos, experiencia prohibida en el hemiciclo.

El debate no ofreció novedades sobre los argumentos que unos y otros venían lanzando desde que el PSOE y Unidas Podemos anunciaran la iniciativa. Los socialistas y sus aliados insistieron en que su propósito es adaptar el Código Penal castellano a la reglamento europea y al mismo tiempo contribuir a desactivar el conflicto independentista. PP, Vox y Ciudadanos acusaron al Gobierno de hacer una reglamento «a la medida de los delincuentes» que protagonizaron la proceso en 2017 para reforzar su supervivencia política. La reforma permitirá suavizar algunos de los procesos aún abiertos contra los líderes independentistas. “Les han quitado un utensilio a los jueces fascistas”, ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El debate se produjo tras una interminable viaje parlamentaria, que había comenzado a las nueve de la mañana y en la que asimismo se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado, que la derecha interpretó como la «moneda de cambio» para allanar el camino al Gobierno en el postrer año de tiempo. Ya había sido un día de alteración a piropo de piel, tras los incidentes ocurridos el miércoles por los insultos machistas de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dejaron una amarga resaca en el Hemiciclo. Sin entrar en cólera, el debate sobre la sedición estuvo plagado de interrupciones, gritos, protestas y continuas llamadas al orden por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Para defender la propuesta, los dos partidos de gobierno eligieron diputados catalanes. Así lo alardeó el socialista Francisco Aranda cuando se presentó, con unas palabras en catalán: «Te palabra un diputado del PSC, el primer partido de Cataluña». PSOE y Unidas Podemos parecían compartir protagonismo: Aranda se dedicó a despellejar al PP y el representante del socio minoritario del Gobierno, Jaume Asens, se encargó de atacar a Junts por no apoyar la reforma.

Aranda reiteró el que se ha convertido en el principal argumento de Pedro Sánchez y su Ejecutante en las últimas semanas: que la política de distensión con los independentistas de los últimos tres primaveras ha conseguido restablecer la «convivencia» en Cataluña y acortar los apoyos al nacionalismo rupturista. . Delante ello, el socialista pintó un PP condenado a la «irrelevancia política» en esa comunidad y que, remotamente de averiguar soluciones, lo único que pretende es «desmentir la existencia misma del Gobierno y su licitud». Asens cargó contra Junts: «Quieren tanto desconectar de España que han completo desconectando de la verdad».

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El PP sacó a su primera figura, la portavoz y secretaria común, Cuca Gamarra, que apuntó a Sánchez, le acusó de «aclarar las puertas de la gayola a los delincuentes», llevando al Estado a la «humillación», «suplantar al poder legal» que condenaba a los promotores del proceso y provocar un «desorden de dimensiones históricas». Con diferente intensidad, los mismos argumentos fueron utilizados por Ciudadanos y Vox. “Van a permitir que Puigdemont vuelva a España por la puerta extenso”, concluyó la líder de Cs, Inés Arrimadas. Javier Ortega Smith, de Vox, definió a quienes apoyaron la iniciativa como el «banquillo de la traición a España».

Ni los partidos de Gobierno ni sus socios independentistas se refirieron a la posibilidad de que durante el proceso de reforma se rebajen asimismo las penas por el delito de malversación. Rufián no lo mencionó en su discurso, a pesar de que ERC es el principal defensor de la idea, que en los últimos días se ha ido desinflando por las reticencias que despierta en el Gobierno y en algunos de sus aliados parlamentarios.

Junts finalmente se abstuvo, aunque dejó un discurso muy crítico con el acuerdo entre el Ejecutante y ERC para una reforma que el sector más duro del independentismo interpreta como una simple maniobra para silenciar sus demandas. El diputado de Junts Josep Pagès llegó a coincidir con la derecha en una apreciación: que la verdadera finalidad de la reforma es «contribuir a soluciones personales», las de los dirigentes de ERC sobre los que aún pesan condenas o acusaciones judiciales. «Nosotros no vamos a ser los tontos enseres», zanjó Pagès.

Rufián sostuvo que la iniciativa «no es una concesión a ERC, ni al independentismo, es una concesión a la democracia», palabras que vitorearon los diputados del PP, desmintiendo cada una de las afirmaciones del portavoz del familia republicano. La primera diputada socialista que tuvo que sufragar por sorteo, Inmaculada Oria, desató las protestas de los populares añadiendo un divisa a su voto conveniente: «Aquí estamos todos los socialistas juntos, sin fisuras». Toda la bancada del PSOE se puso de pie para ratificarlo.

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